Los veinte saharauis que este viernes pidieron asilo político en Fuerteventura le están echando un pulso fino al gobierno español, no sé si conscientemente o no, si saben el calado que tiene este asunto. Puede que estén a mitad de camino entre la intención y las circunstancias.
El caso es que como hizo Haidar con su huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, hace poco más de un año, los veinte llegados en patera han puesto contra las cuerdas a Rubalcaba y su equipo. ¿Va el Gobierno de Zapatero a contradecir su política de amistad con Mohamed VI, después de respaldar que en Marruecos se respetan los derechos humanos, después de que las filtraciones de WikiLeaks hayan dejado al descubierto los “consejos” a Rabat sobre cómo elaborar una autonomía para el Sáhara “que se pueda respaldar”, publicados en El País el pasado 14 de diciembre?
¿Tiene que quedar en evidencia el Ejecutivo socialista una vez más, al no poder disimular su interesado apoyo al reino alauí? No cuadran las afirmaciones de Zapatero; ni de su ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ni de su viceprimer ministro, Pérez Rubalcaba, en las que redundan en su respeto a la libre determinación de los saharauis, con la tibia respuesta que los tres mencionados ofrecieron al mundo tras el desalojo y destrozo del Campamento de la Dignidad.
Los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero se han caracterizado por un juego sucio con respecto al conflicto saharaui: hacer a las espaldas lo que no hay narices de reconocer en público.
No sé cuántos ciudadanos pro saharauis hay en España, ni siquiera cuántos hay en Canarias, pero sé que son muchos más que los que apoyan a Marruecos (salvo que éstos sean invisibles). De hecho, popularmente, Marruecos gusta poco, cosa genética de invasiones anteriores (pese a la rica herencia árabe) sumada a la prudencia ante las pretensiones de reconquista del actual monarca.
A una gran mayoría, tristemente, todo lo anterior les suena a chino.
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