Europa Press/Madrid
Siete asociaciones jurídicas y sociales prosaharauis, entre ellas, la Asociación de Familiares y Presos Políticos Saharauis, expresaron este lunes su "profunda decepción" por el hecho de que la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, haya impedido la tramitación de la denuncia administrativa que presentaron el pasado 9 de abril para solicitar la limitación de las transferencias de armamento español a Marruecos.
A su juicio, el pronunciamiento de la secretaria de Estado de Comercio "se contrapone con las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno español y con las del presidente del Ejecutivo español, quien, aparentemente, pretendía convertir la defensa y promoción de los Derechos Humanos en un eje de su labor de gobierno", según resaltan en un comunicado.
Estas asociaciones habían presentado una denuncia administrativa para solicitar tanto la revocación de todas las autorizaciones de exportación de material bélico a Marruecos que se hubiesen concedido hasta la fecha como la denegación futura de cuantas solicitudes se lleguen a presentar en cualquier momento por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley 53/2007) y la normativa europea (Posición Común 2008/944/PES1C).
Iranzo contestó a las asociaciones firmantes el pasado 29 de abril que "carecen de la legitimación necesaria al carecer de la condición de interesados, en sentido técnico, para personarse en los procedimientos administrativos que se pudieran estar tramitando".
También afirmó, basándose en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que "no cabe (...) facilitar el acceso" de las asociaciones a los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento a Marruecos durante los años 2007, 2008 y 2009.
El motivo es que "las actas de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso) han sido declaradas secretas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril (...) sobre Secretos Oficiales", explicó.
Pero las asociaciones manifestaron en un comunicado que "la opacidad y el secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas".
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