Los vertidos petroleros son los desafortunados protagonistas de buena parte de las catástrofes ecológicas que dan al traste con kilómetros y kilómetros de ecosistemas y espacios naturales. Alrededor del 0,2 por ciento de la producción mundial de petróleo acaba vertido al mar cada año. Nada menos que tres millones de toneladas perdidas y sobre todo, muy contaminantes.
Y no sólo eso, los desmanes de las petroleras se ramifican en múltiples tentáculos de malas prácticas. El respeto a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades emergentes parece estar en la cuerda floja a juzgar por casos como el de Shell, cuyas explotaciones en el Delta del Níger generaron miles de millones de dólares en ingresos pero contribuyeron a empobrecer a la población de la zona, que vive con una media de 80 céntimos de euro al día, al arruinar mediante la destrucción de las tierras de cultivo, la mayoría de los medios de subsistencia de los habitantes de Níger y Nigeria.
Mucho más recientes son los vertidos de British Petroleum, que todavía humean mientras el mundo exige una reclamación y Barack Obama se une a las diatribas reclamando la creación de un fondo de compensación de 20.000 millones de dólares para las víctimas del vertido en el golfo de México. British Petroleum, por muy de verde que se vista, ha sido seriamente tocada por este desastre, ya que además de tener que hacer frente a pagos millonarios, su imagen de marca se ha visto seriamente dañada y sus cotizaciones en bolsa han caído un 35 por ciento desde que comenzó su vertido.
Elegir la responsabilidad
Ante tal panorama, no es extraño que las petroleras pugnen a toda costa por subirse al carro de la “responsabilidad social”, se afirma en un artículo de Intelligence & Capital News, una web dedicada a economía mundial. Además de responsabilidad social buscan, ante el descalabro de BP, “el respeto medioambiental y la transparencia de cara a unos grupos de interés especialmente susceptibles”.
Petrobras es una abanderada de esta nueva imagen. La brasileña ha presentado recientemente su Plan de Negocio 2010-2014 “haciendo hincapié en una mayor aportación de fondos al segmento de biocombustibles, reorientando la estrategia a la adquisición de participaciones con el objetivo de convertirse en un importante plácer en el mercado, asegurando el dominio tecnológico para la producción sostenible de biocombustibles”, según el portal on line de economía.
La responsabilidad social y ambiental es uno de los pilares de la estrategia corporativa que ahora enarbola Petrobras, la empresa de energía natural brasileña, en teoría semipública pero con importantes inyecciones de capital extranjero.
Ha pasado en un solo año de estar en el puesto 37 de empresas mundiales al puesto octavo, y en 2009 fue una de las 10 compañías mundiales que más se revalorizaron. Su gran baza está clara: los biocombustibles, cuestionados por encarecer los alimentos y por necesitar tales cantidades de agua que son una de las causas más demostradas de la apabullante deforestación que se vive en América central y del sur, y en África.
Una deforestación implacable
En julio de 2009 la Amazonía brasileña perdió al menos 836,5 kilómetros cuadrados de floresta, lo que representa un 157 por ciento más que en igual mes de 2008, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).
Esta entidad oficial reveló que en el séptimo mes del año pasado fueron derribados 323 kilómetros cuadrados de bosques en el llamado pulmón verde del planeta, que alberga el mayor bosque tropical y las más grandes reservas de agua potable del mundo. Pese al alto crecimiento de la deforestación entre julio de 2008 e igual mes de 2009, el acumulado anual entre agosto del año pasado y el séptimo mes de 2009 es de cuatro mil 375 kilómetros cuadrados de bosques derrumbados, casi la mitad de lo reportado entre agosto de 2007 y julio de 2008, cuando fue de ocho mil 147 kilómetros cuadrados.
sábado, 26 de junio de 2010
jueves, 24 de junio de 2010
El lago Chad se agota
El lago Chad pudo haber sido hace 6.000 años un mar interior de 400.000 kilómetros cuadrados. La realidad constatable es que se agota, que en dos décadas de seguir al mismo ritmo de desecación habrá desaparecido.
Cuando fue descubierto oficialmente por los europeos, en 1823, aún era uno de los mayores lagos del mundo.
Como cuenta José Naranjo en Guinguibali.com, las expediciones y viajes posteriores a este lago han permitido constatar la progresiva desaparición de sus aguas desde entonces, aunque nunca al ritmo observado en los últimos cuarenta años. En los años 60, la extensión cubierta por las aguas era de unos 26.000 kilómetros cuadrados, mientras que en el año 2000 se reducía a unos 1.500. En la actualidad se estima que está por debajo de los 800 kilómetros cuadrados.
Entre las causas principales se apunta a un uso cada vez más intensivo de sus aguas, que proceden en un 90% del río Chari, y al avance del desierto a consecuencia del cambio climático.
Sin embargo, no sólo estamos asistiendo en directo a una catástrofe ecológica que afecta a la biodiversidad que habita o se beneficia de estas aguas, sino a un desastre humanitario. Unas 30 millones de personas viven en esta región y se verán condenadas a emigrar o adaptarse a un entorno seco. La NASA calcula que, de seguir a este ritmo, el lago desaparecerá por completo en los próximos veinte años.
De hecho, el director de la División de Tierras y Aguas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Parviz Koohafkan, ya ha advertido de que “la trágica desaparición del lago Chad debe ser detenida y los medios de vida de los millones de personas que viven en esta extensa zona deben ser salvaguardados”.
Pese a esta rápida desaparición, el lago sigue atrayendo a gente hacia sus ricas riberas, lo que provoca que se acelere aún más el proceso. Además, surgen disputas entre los pescadores establecidos allí desde hace años y los recién llegados, a quienes se acusa de todos los males. Los conflictos estallan por unos recursos cada vez más escasos, no sólo el agua sino la pesca.
Para saber más:
http://www.guinguinbali.com/
Cuando fue descubierto oficialmente por los europeos, en 1823, aún era uno de los mayores lagos del mundo.
Como cuenta José Naranjo en Guinguibali.com, las expediciones y viajes posteriores a este lago han permitido constatar la progresiva desaparición de sus aguas desde entonces, aunque nunca al ritmo observado en los últimos cuarenta años. En los años 60, la extensión cubierta por las aguas era de unos 26.000 kilómetros cuadrados, mientras que en el año 2000 se reducía a unos 1.500. En la actualidad se estima que está por debajo de los 800 kilómetros cuadrados.
Entre las causas principales se apunta a un uso cada vez más intensivo de sus aguas, que proceden en un 90% del río Chari, y al avance del desierto a consecuencia del cambio climático.
Sin embargo, no sólo estamos asistiendo en directo a una catástrofe ecológica que afecta a la biodiversidad que habita o se beneficia de estas aguas, sino a un desastre humanitario. Unas 30 millones de personas viven en esta región y se verán condenadas a emigrar o adaptarse a un entorno seco. La NASA calcula que, de seguir a este ritmo, el lago desaparecerá por completo en los próximos veinte años.
De hecho, el director de la División de Tierras y Aguas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Parviz Koohafkan, ya ha advertido de que “la trágica desaparición del lago Chad debe ser detenida y los medios de vida de los millones de personas que viven en esta extensa zona deben ser salvaguardados”.
Pese a esta rápida desaparición, el lago sigue atrayendo a gente hacia sus ricas riberas, lo que provoca que se acelere aún más el proceso. Además, surgen disputas entre los pescadores establecidos allí desde hace años y los recién llegados, a quienes se acusa de todos los males. Los conflictos estallan por unos recursos cada vez más escasos, no sólo el agua sino la pesca.
Para saber más:
http://www.guinguinbali.com/
jueves, 17 de junio de 2010
Euforia de fútbol: "Sin la matanza de Soweto hoy no habría Mundial"
"De no ser por esa masacre, hoy Sudáfrica sería peor y el Mundial nunca hubiese ocurrido", dicen hoy algunos afortunados en Soweto, envueltos en la euforia de la gran fiesta del fútbol.
Hace 34 años, el gobierno de Sudáfrica anunció por decreto que los chicos y jóvenes negros deberán estudiar en afrikaans, la lengua del blanco, del opresor. Y por eso hace 34 años, en 1976, los adolescentes estallaron. No resistieron más. El país llevaba casi 30 años años bajo el yugo del Apartheid y decidieron revelarse. Organizaron una marcha en contra de la medida y se unieron frente a la Orlando West High School, en Soweto.
El sistema de educación bantú tenía por objetivo, según declaró el entonces ministro de Asuntos Nativos Hendrik Verwoerd y luego primer ministro de Sudáfrica, lograr que los negros "fuesen educados desde edad temprana de forma tal que entendieran que la igualdad con los europeos (los blancos) no es para ellos".
La Policía dispersó a balazos a casi 20.000 alumnos y Héctor Pieterson, un chico de 13 años, cayó muerto en brazos de su compañero Mbuyisa Makhubu. Su imagen dio la vuelta al mundo, pero otros 571 jóvenes y niños también fueron abatidos sin piedad. La protesta contra esas muertes y cuanto simbolizaban se esparció por todo el país y se reprodujo en ciudades como Pretoria, Durban o Ciudad del Cabo.
Los hindúes y los "coloreados" (mestizos) también se sumaron y así aceleraron las demandas y el rechazo que habrían de tirar abajo al gobierno segregacionista casi 15 años después.
Hoy, Héctor Pierteson tiene su propio museo en recuerdo de aquella atrocidad.
Hace 34 años, el gobierno de Sudáfrica anunció por decreto que los chicos y jóvenes negros deberán estudiar en afrikaans, la lengua del blanco, del opresor. Y por eso hace 34 años, en 1976, los adolescentes estallaron. No resistieron más. El país llevaba casi 30 años años bajo el yugo del Apartheid y decidieron revelarse. Organizaron una marcha en contra de la medida y se unieron frente a la Orlando West High School, en Soweto.
El sistema de educación bantú tenía por objetivo, según declaró el entonces ministro de Asuntos Nativos Hendrik Verwoerd y luego primer ministro de Sudáfrica, lograr que los negros "fuesen educados desde edad temprana de forma tal que entendieran que la igualdad con los europeos (los blancos) no es para ellos".
La Policía dispersó a balazos a casi 20.000 alumnos y Héctor Pieterson, un chico de 13 años, cayó muerto en brazos de su compañero Mbuyisa Makhubu. Su imagen dio la vuelta al mundo, pero otros 571 jóvenes y niños también fueron abatidos sin piedad. La protesta contra esas muertes y cuanto simbolizaban se esparció por todo el país y se reprodujo en ciudades como Pretoria, Durban o Ciudad del Cabo.
Los hindúes y los "coloreados" (mestizos) también se sumaron y así aceleraron las demandas y el rechazo que habrían de tirar abajo al gobierno segregacionista casi 15 años después.
Hoy, Héctor Pierteson tiene su propio museo en recuerdo de aquella atrocidad.
martes, 15 de junio de 2010
Siete asociaciones prosahara denuncian la venta de armas de España a Marruecos
El Gobierno niega legitimidad a estas asociaciones
Europa Press/Madrid
Siete asociaciones jurídicas y sociales prosaharauis, entre ellas, la Asociación de Familiares y Presos Políticos Saharauis, expresaron este lunes su "profunda decepción" por el hecho de que la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, haya impedido la tramitación de la denuncia administrativa que presentaron el pasado 9 de abril para solicitar la limitación de las transferencias de armamento español a Marruecos.
A su juicio, el pronunciamiento de la secretaria de Estado de Comercio "se contrapone con las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno español y con las del presidente del Ejecutivo español, quien, aparentemente, pretendía convertir la defensa y promoción de los Derechos Humanos en un eje de su labor de gobierno", según resaltan en un comunicado.
Estas asociaciones habían presentado una denuncia administrativa para solicitar tanto la revocación de todas las autorizaciones de exportación de material bélico a Marruecos que se hubiesen concedido hasta la fecha como la denegación futura de cuantas solicitudes se lleguen a presentar en cualquier momento por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley 53/2007) y la normativa europea (Posición Común 2008/944/PES1C).
Iranzo contestó a las asociaciones firmantes el pasado 29 de abril que "carecen de la legitimación necesaria al carecer de la condición de interesados, en sentido técnico, para personarse en los procedimientos administrativos que se pudieran estar tramitando".
También afirmó, basándose en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que "no cabe (...) facilitar el acceso" de las asociaciones a los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento a Marruecos durante los años 2007, 2008 y 2009.
El motivo es que "las actas de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso) han sido declaradas secretas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril (...) sobre Secretos Oficiales", explicó.
Pero las asociaciones manifestaron en un comunicado que "la opacidad y el secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas".
Europa Press/Madrid
Siete asociaciones jurídicas y sociales prosaharauis, entre ellas, la Asociación de Familiares y Presos Políticos Saharauis, expresaron este lunes su "profunda decepción" por el hecho de que la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, haya impedido la tramitación de la denuncia administrativa que presentaron el pasado 9 de abril para solicitar la limitación de las transferencias de armamento español a Marruecos.
A su juicio, el pronunciamiento de la secretaria de Estado de Comercio "se contrapone con las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno español y con las del presidente del Ejecutivo español, quien, aparentemente, pretendía convertir la defensa y promoción de los Derechos Humanos en un eje de su labor de gobierno", según resaltan en un comunicado.
Estas asociaciones habían presentado una denuncia administrativa para solicitar tanto la revocación de todas las autorizaciones de exportación de material bélico a Marruecos que se hubiesen concedido hasta la fecha como la denegación futura de cuantas solicitudes se lleguen a presentar en cualquier momento por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley 53/2007) y la normativa europea (Posición Común 2008/944/PES1C).
Iranzo contestó a las asociaciones firmantes el pasado 29 de abril que "carecen de la legitimación necesaria al carecer de la condición de interesados, en sentido técnico, para personarse en los procedimientos administrativos que se pudieran estar tramitando".
También afirmó, basándose en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que "no cabe (...) facilitar el acceso" de las asociaciones a los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento a Marruecos durante los años 2007, 2008 y 2009.
El motivo es que "las actas de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso) han sido declaradas secretas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril (...) sobre Secretos Oficiales", explicó.
Pero las asociaciones manifestaron en un comunicado que "la opacidad y el secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas".
domingo, 6 de junio de 2010
Una intoxicación de plomo mata a más de cien niños en Nigeria
Una masiva intoxicación por plomo ha provocado la muerte de al menos 163 personas al norte de Nigeria. Un centenar de los fallecidos son niños que buscaban oro en minas clandestinas.
La noticia se conoció el pasado viernes, 4 de julio, pero no es nueva porque los primeros casos aparecieron en marzo, cuando se puso en marcha la campaña de vacunación contra la polio. Las minas de oro ilegales han contaminado con plomo el suelo y las aguas de varias poblaciones remotas del estado de Zamfara, en el norte nigeriano.
Según publica El País en su edición del 6 de junio, hasta ahora se han detectado 355 casos de envenenamiento, de los 163 acabaron en muerte.El personal sanitario se extraño de que apenas hubiera niños en Zampara, y aunque la población local explicaba que muchos habían muerto a causa de la malaria, el análisis de las aguas subterráneas reveló cantidades letales de plomo, filtrado tras excavar la tierra en busca de oro. Al menos seis aldeas del estado nigeriano han sido diezmadas.
"Es probable que la gente haya enfermado después de que el plomo, separado del oro en el proceso de tamización, contaminara los sistemas de agua", explicó a la agencia Reuters un miembro de una de las agencias internacionales que trabajan en el terreno. El Gobierno ha levantado dos campamentos sanitarios en el área para atajar el problema. Nigeria ha tenido que solicitar la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de EE UU para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Blacksmith de Nueva York.
El Gobierno de Abuja ha cerrado provisionalmente las minas y ha comenzado las evacuaciones, aunque la reacción ha tardado más de dos meses en llegar.
La noticia se conoció el pasado viernes, 4 de julio, pero no es nueva porque los primeros casos aparecieron en marzo, cuando se puso en marcha la campaña de vacunación contra la polio. Las minas de oro ilegales han contaminado con plomo el suelo y las aguas de varias poblaciones remotas del estado de Zamfara, en el norte nigeriano.
Según publica El País en su edición del 6 de junio, hasta ahora se han detectado 355 casos de envenenamiento, de los 163 acabaron en muerte.El personal sanitario se extraño de que apenas hubiera niños en Zampara, y aunque la población local explicaba que muchos habían muerto a causa de la malaria, el análisis de las aguas subterráneas reveló cantidades letales de plomo, filtrado tras excavar la tierra en busca de oro. Al menos seis aldeas del estado nigeriano han sido diezmadas.
"Es probable que la gente haya enfermado después de que el plomo, separado del oro en el proceso de tamización, contaminara los sistemas de agua", explicó a la agencia Reuters un miembro de una de las agencias internacionales que trabajan en el terreno. El Gobierno ha levantado dos campamentos sanitarios en el área para atajar el problema. Nigeria ha tenido que solicitar la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de EE UU para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Blacksmith de Nueva York.
El Gobierno de Abuja ha cerrado provisionalmente las minas y ha comenzado las evacuaciones, aunque la reacción ha tardado más de dos meses en llegar.
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